El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, mediante el cual elimina la exigencia de licencia de construcción en los programas de mejoramiento, construcción en sitio propio y autoconstrucción, bajo un nuevo modelo denominado “autogestión”.
Según la norma, el Ministerio implementará en los próximos seis meses una estrategia de capacitación y certificación para los profesionales que participen en estos proyectos. Sin embargo, el decreto entra en vigencia de inmediato, incluso antes de que dicha formación esté disponible
A partir de ahora, las obras podrán ejecutarse con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero, acompañada del registro ante los entes territoriales, sin necesidad de tramitar una licencia de construcción.
Para diversos expertos del sector, esta decisión representa un retroceso institucional y un riesgo para la seguridad estructural de las viviendas. La concejal Sandra Forero advirtió que se trata de una política que debilita los controles técnicos y urbanísticos que históricamente han garantizado la seguridad en los proyectos de vivienda.
“Eliminar la licencia de construcción en proyectos financiados con recursos públicos es un retroceso. No hay seguridad jurídica, técnica ni urbanística. Es una medida que pone en riesgo la vida de las familias más vulnerables”, afirmó Forero.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se comprometió a realizar 400 mil mejoramientos de vivienda, de los cuales se han entregado menos de 50 mil. Cada subsidio puede alcanzar los $31,3 millones (equivalentes a 22 salarios mínimos), lo que implica una inversión total cercana a $12,5 billones de pesos, sin que sea necesario contar con licencia de construcción.
La concejal también cuestionó que el decreto se emita en plena campaña electoral, asegurando que desmantela la institucionalidad del sector vivienda y elimina los controles de calidad y seguridad que garantizaban las licencias.
“Este decreto desmantela la institucionalidad del sector. No se garantizan las normas técnicas y ocurre en un momento político crítico. Es el mayor riesgo técnico, urbanístico y social para un país con casi 5 millones de hogares en déficit habitacional”, concluyó.
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📰 Inspirado en información publicada por Portafolio.co