Durante el año 2024 se registraron más de 520.272 accidentes laborales y se identificaron 10.402 casos de enfermedades de origen laboral, con un saldo fatal de 375 personas fallecidas. Entre enero y febrero de 2025, se contabilizaron 80.523 accidentes y 1.862 enfermedades laborales, que causaron la muerte de al menos 66 trabajadores, según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).
Este panorama refleja la persistente ausencia de medidas efectivas de prevención y promoción en materia de riesgos laborales, así como la existencia de condiciones de trabajo inseguras, afectando no solo la salud y vida de los trabajadores, sino también la estabilidad económica de sus familias.
Con el propósito de revertir esta situación y promover entornos de trabajo seguros y saludables en todos los sectores productivos del país, Colombia implementó el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), junto con sus estándares mínimos. Este sistema busca fortalecer una cultura organizacional de prevención, con un enfoque estructurado y normativo.
El SG-SST, establecido a través del Decreto 1072 de 2015, a partir del artículo 2.2.4.6.1, tiene como finalidad que los empleadores y contratantes anticipen, identifiquen, evalúen y controlen los riesgos presentes en el entorno laboral. Para ello, deben llevar a cabo una identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de medidas preventivas y correctivas, así como auditorías internas que impulsen procesos de mejora continua. También es clave la participación activa de los trabajadores, mediante procesos de capacitación y asignación de responsabilidades específicas.
A su vez, la Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos que deben cumplir los empleadores, conforme a su capacidad económica, técnica y administrativa. Estos criterios se adaptan al tamaño, la actividad económica y el nivel de riesgo de cada empresa, con el fin de garantizar una implementación eficiente y pertinente del SG-SST.
No obstante, a pesar del marco normativo y del impulso a la cultura preventiva, el papel de fiscalización del Ministerio del Trabajo resulta determinante. La facultad sancionatoria permite exigir el cumplimiento de las normas de SST, adjudicar responsabilidades administrativas y aplicar multas económicas por su incumplimiento. Las sanciones pueden llegar hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), y en casos con consecuencias fatales, hasta 1.000 SMLMV. En situaciones de reincidencia, incluso puede ordenarse la suspensión de actividades hasta por 120 días o el cierre definitivo de la empresa.
Según la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, hasta abril de 2024 se impusieron más de 489 sanciones a nivel nacional, que sumaron un valor superior a $18.558 millones de pesos, monto que debió ser asumido por los empleadores.
Además de las sanciones administrativas, el empleador también puede ser civilmente responsable por culpa patronal, conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que implica la obligación de indemnizar los perjuicios causados por accidentes o enfermedades laborales cuando se demuestra negligencia en la adopción de medidas de prevención. En este sentido, se han emitido sentencias condenatorias con valores superiores a los $2.854 millones de pesos, como en el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SL 492-2021).
En consecuencia, el incumplimiento del SG-SST y de sus estándares mínimos puede acarrear graves repercusiones económicas, legales y reputacionales para los empleadores. Aparte de enfrentar sanciones y asumir indemnizaciones, el representante legal y el responsable del SG-SST pueden incluso ser procesados penalmente por omisiones graves.
Lo más preocupante es que estas consecuencias pueden concurrir en un solo evento, como un accidente grave o una enfermedad profesional, poniendo en peligro la viabilidad y continuidad de la empresa. Por ello, se hace un llamado a todos los empleadores a cumplir su obligación legal y ética de proteger la salud y seguridad de sus trabajadores, garantizando condiciones de trabajo dignas y seguras.
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